El acuerdo establece la colaboración y coordinación entre ambos organismos para mejorar la respuesta institucional a personas con trastornos adictivos inmersas en procedimientos penales, así como el asesoramiento a operadores jurídicos y la mediación penal cuando proceda.
Objeto y alcance
- Marco de colaboración para la atención a personas con adicciones en calabozos y sedes judiciales.
- Información y orientación a personas detenidas con problemática adictiva y a sus familias.
- Coordinación con magistratura, fiscalía, abogacía y con la red de adicciones de la ciudad.
- Mediación penal en casos viables, con enfoque de reparación.
- Gestión de tratamientos sustitutivos opiáceos (metadona) pautados por la red asistencial correspondiente.
Recursos y financiación
- Equipo profesional en sede judicial (psicología, trabajo social y auxiliares técnicos de laboratorio).
- Medios e instalaciones facilitados por la Consejería en Plaza de Castilla.
- Financiación: 600.000 euros, aportados al 50% por Ayuntamiento y Comunidad.








